El Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn informa que, ante las recientes designaciones de funcionarios efectuadas en el ámbito del Superior Tribunal de Justicia sin mediar concurso público de antecedentes y oposición, ha remitido una nota formal al actual Presidente del Alto Cuerpo, Dr. Javier Raidan.
Dicho requerimiento fue formulado conforme lo previsto por la Ley de libre acceso a las fuentes de información, I Nro. 156 y la Resolución Administrativa Nro. 6711/04 del Superior Tribunal de Justicia, solicitando que se remita a este Colegio copia documental y/o respaldo administrativo correspondiente a las designaciones del Cdor. Mariano José Pardini como Administrador General, del Dr. Diego Carlos Maceratesi como Secretario de Legal y Técnica, y de la Dra. Laura Daniela Catalán como Secretaria de Sumarios.
Asimismo, se requirió información respecto de los fundamentos por los cuales el Superior Tribunal no habría aplicado lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Justicia del Chubut en relación con la cobertura del cargo de Administrador General, así como también lo dispuesto en el artículo 67 de la Constitución Provincial, el cual establece como principio general la provisión de los empleos públicos mediante concursos de oposición y antecedentes que garanticen la idoneidad para el cargo.
En igual sentido, se pidió que se informe sobre la aplicación del Acuerdo Plenario Nro. 4030/2012, que establece que la cobertura de los cargos de funcionarios del Poder Judicial, letrados o no, no sujetos a Acuerdo Legislativo, debe realizarse exclusivamente mediante concurso público.
Estas designaciones, entre las que se encuentra la del cargo de Administrador General —una función clave para el manejo de los recursos humanos y materiales del Poder Judicial—, han generado una legítima preocupación institucional, motivando la intervención de este Colegio en defensa de los principios de transparencia, legalidad e idoneidad que deben regir el acceso a la función pública y como contribución al mejoramiento de la administración de justicia, haciendo conocer y señalando las deficiencias e irregularidades que se observaren en su funcionamiento.
