El Directorio del Colegio de Abogados de Puerto Madryn expresa su profunda preocupación por la prolongación de los efectos del conflicto salarial del Poder Judicial, que pone en riesgo el servicio esencial de justicia, pilar fundamental del Estado de Derecho.
Somos respetuosos del derecho de los trabajadores en su reclamo por falta de pago, y toda vez que es función de este Colegio velar por los intereses de nuestros colegiados en su carácter de auxiliares de la justicia, quienes se ven afectados en sus labores cotidianas, EXHORTAMOS al Poder Ejecutivo provincial a que disponga los fondos presupuestados para el Poder Judicial.
Peticionamos que se habiliten los canales de dialogo habituales para resolverlos, mediante un órgano imparcial que garantice a los trabajadores estatales el derecho a la substanciación de sus conflictos colectivos y disponer el restablecimiento de servicio.
Asimismo, nos corresponde exigir del Superior Tribunal de Justicia y por su intermedio a funcionarios y empleados, a que encuentren caminos superadores, para que se asegure a los habitantes de nuestra Provincia la tutela judicial, continua y efectiva, y el acceso irrestricto a la justicia, así como el derecho de los abogados a trabajar, garantizando el funcionamiento y evitando que se vulneren los principios y derechos consagrados constitucionalmente.
Estas medidas afectan a todos los operadores jurídicos, pero tiene al justiciable como víctima final, por lo cual que se exhorta al Superior Tribunal de Justicia que: (i) Garantice el libre ingreso, permanencia y egreso de los abogados y de los justiciables en todas las dependencias judiciales como también la seguridad de los mismos. (ii) Que los funcionarios y jueces estén a disposición de los letrados para su atención en mesa de entradas, y que se sigan tomando las audiencias fijadas, recibiendo todos los escritos que se presenten, como así también cédulas, mandamientos y oficios despachándose en debido tiempo y forma durante toda la jornada judicial. (iii) Y que, como última medida, se resuelva la suspensión de términos judiciales, pues su secuela es la más gravosa que se pueda disponer en perjuicio de la prosecución de los trámites.
Finalmente y en relación a la transparencia en el manejo de los fondos públicos que exige el sistema republicano de gobierno, se reclama un uso racional de los recursos asignados y la necesidad de hacer públicos los salarios que perciben todos los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial, del mismo modo que lo hace el Poder Ejecutivo provincial.
Directorio del Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn.