En el día de ayer, 17 de septiembre, el Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn, representado por su presidente Sergio Fassio, su vicepresidente Ricardo Gabilondo y el vocal Patricio Castillo Meisen, compareció a la convocatoria efectuada por el Superior Tribunal de Justicia del Chubut a través de sus ministros Donnet y Panizzi, a la cual también fueron convocados todos los Colegios de Abogados de la provincia, así como el Defensor General, el Procurar Fiscal, los representantes del Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJUCH) y de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la provincia.
La convocatoria, inédita y abarcativa, procuró receptar las posiciones de cada uno de los sectores que involucran a los operadores jurídicos, a fin de analizar la problemática por la que atraviesa el Poder Judicial ante la falta de recursos para afrontar los haberes de la totalidad de los integrantes del Poder Judicial y la virtual paralización del servicio de justicia en nuestra provincia.
Desde el Colegio de Abogados de Puerto Madryn valoramos que hayan cesado las Acordadas del Superior Tribunal de Justicia que suspendían términos legales y judiciales y que se estén respetando las guardias mínimas en casi todos los fueros de cada Circunscripción. En ese marco, hicimos hincapié en la necesidad de recibir todo tipo de peticiones en los Juzgados y dependencias del Poder Judicial, pues no existe en la norma procesal la calificación de trámites urgentes, lo cual supone una irregularidad inadmisible que carece de todo fundamento legal. Entendemos que luego de varios meses de paralización del servicio de justicia, todas las presentaciones requieren urgencia en su tratamiento.
Instamos a que se articulen –en conjunto- los mecanismos que permitan adoptar criterios de flexibilidad en las posturas sectoriales y se canalicen los conflictos por las vías legales pertinentes, más allá de las reiteradas exhortaciones, a fin de conminar a los funcionarios responsables a cumplir con la remisión de las partidas presupuestarias aprobadas por ley para permitir el normal funcionamiento del servicio de justicia.
Seguidamente se volcó detalladamente la problemática de los profesionales en cada jurisdicción, que no se relaciona únicamente con la falta de pago de salarios, y se apuntó respecto de la necesidad de considerar al servicio de justicia como un derecho humano fundamental, siendo este poder del Estado el último refugio para la protección de los derechos elementales de los ciudadanos.
Asimismo a instancia -en primer lugar- del Colegio de Abogados de la ciudad de Trelew, se apeló a la solidaridad, proporcionalidad y razonabilidad de los actores involucrados en el conflicto, mediante un claro pedido de atenuación de las medidas de fuerza por parte de los empleados judiciales, para poder restablecer el normal funcionamiento del servicio de justicia provisoriamente a tiempo parcial, ya sea durante 3 días a la semana, o todos los días, media jornada.
La representación de la Asociación de Magistrados y Funcionarios también expresó su preocupación por la crisis del sistema, explicando el nivel de resentimiento del servicio, presión, sobrecarga laboral y responsabilidad que existe sobre sus representados, convocando al acuerdo a todas las partes para que se articulen medidas que flexibilicen y favorezcan las respuestas de la Justicia frente a los casos urgentes, que hoy en día lo son casi todos, frente a una sociedad atenta y que reclama respuestas del Poder Judicial.
Por su parte, los ministros del Superior Tribunal instaron al dialogo y a la búsqueda de soluciones de consenso, sin formular propuesta alguna, ni siquiera en el marco de una crisis que se atribuye al Poder Ejecutivo provincial, y respecto del cual –expresaron- aún no se han analizado medidas efectivas que permitan responsabilizar a quienes deben tomar decisiones políticas e institucionales.
Por último, la representación del SITRAJUCh expresó enérgicamente que se sostendrán las medidas de fuerza que permiten visibilizar el conflicto a fin de permitir poner en agenda del Poder Ejecutivo y forzar una mesa de diálogo y negociación en su carácter de principales responsable de la crisis institucional y política. Ello, a fin de atacar el grave problema que se plantea por la deficiente distribución de la renta provincial que favorece a los grandes grupos económicos que manejan los destinos del Chubut. Aparte de ello, los representantes culminaron asumiendo el compromiso –sin mayor expectativa- de trasmitir a sus representados la propuesta de flexibilización de las medidas de fuerza propuesta por los Colegios de Abogados.
A modo de conclusión por parte de los Señores Ministros se dispuso una nueva convocatoria para dentro de 10 días, donde se tratará nuevamente la problemática convocando a los representantes del Poder Ejecutivo provincial a fin de que informen pormenorizadamente respecto de sus incumplimientos.
Se convocó a la reflexión de todas las partes, quienes debemos ser conscientes de que la situación se prolongará y profundizará indefinidamente y que las medidas adoptadas hasta la fecha no han demostrado ser la herramienta más idónea y suficiente para solucionar la problemática.
La situación actual amerita modificar las vías de hecho, en el marco de la esfera de acción que tenemos las partes intervinientes. Ello importa ceder en aras del necesario funcionamiento del Poder Judicial que no solo tiene como víctima a quienes participamos de esta convocatoria, sino principalmente al justiciable, vulnerado en sus derechos que procura cobijo y respuestas de parte del Poder Judicial, frente a un gobierno que cada vez se maneja con más irresponsabilidad y no asume la gravedad del conflicto.
El Colegio de Abogado de Puerto Madryn seguirá participando en toda iniciativa que propicie erradicar la conflictividad, colaborando e impulsando todas aquellas medidas que permitan una solución institucional, temporal o definitiva, frente a un conflicto que afecta tanto al desempeño de nuestra profesión como a los ciudadanos que nos toca asistir y representar. Todos estamos llamados a hacer lo mismo.