Comunicado del colegio público de abogados de Puerto Madryn

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo, mediante la Resolución Nº 760/2017 creó el Registro para el Estudio de la Litigiosidad del Sistema de Riesgos del Trabajo (SIREL) que obliga a las ART a informar sobre los datos de los letrados que plantean la inconstitucionalidad de los preceptos de la Ley N° 27.348 o en su defecto al Decreto N° 54 de fecha 20 de enero de 2017. Arguyen fines “fiscalizadores” respecto a quienes pretenden evadir la instancia administrativa previa que la norma plantea.

Desde el Colegio de Abogados de Puerto Madryn cuestionamos duramente la iniciativa, pues resulta un claro ataque a la libertad de ejercicio de la profesión y procura una estigmatización de los colegas que ejercen la defensa de aquellos trabajadores que acuden ante la Justicia con el único fin de restituir sus derechos y de los mismos magistrados cuando dictan sentencias.

La decisión administrativa dispuesta por el gobierno nacional, recientemente suspendida en su aplicación por el Juzgado Nacional de 1º instancia del Trabajo Nro. 4, se encuentra en línea con las expresiones del Presidente sobre la existencia de una supuesta “mafia” conformada por un “grupo de estudios laboralistas” y “de jueces” dedicados a instar a los trabajadores que hagan juicios contra las empresas, y las reiteradas declamaciones sobre la existencia de una “industria del juicio”; debemos aclarar que encubren años de un sistemático incumplimiento de las leyes en materia de Riesgos del Trabajo que, como consecuencia, termina en un juicio sin atacar la causa de un sistema legislativo que no previene la siniestralidad, ni protege la integridad física de los trabajadores, soslayando derechos de raigambre constitucional.

Directorio del Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn.

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