Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Colegios de Abogados realizada en San Miguel de Tucumán.
El Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn informa a sus matriculados y a la comunidad jurídica en general sobre los resultados de la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), celebrada el pasado viernes 12 de junio en la ciudad de San Miguel de Tucumán, en el marco de los festejos por el centenario del Colegio Público de Abogados de esa provincia. Nuestra institución estuvo representada por su presidente, el Dr. Gustavo Cruz, quien, con carácter previo al inicio de la Junta de Gobierno, participó activamente en la reunión de la Regional FACA Patagonia juntamente con los representantes de los demás colegios de la provincia que conforman la Unión de Colegios de Abogados del Chubut, además de los representantes de Río Negro y de Santa Cruz.
En dicho espacio se abordaron temas generales vinculados a la situación de las provincias, con especial tratamiento del Proyecto de Ley N.° 060/26, denominado “Código General de los Procesos para la Provincia del Chubut”, impulsado por el Superior Tribunal de Justicia ante la Legislatura Provincial.
En el marco del análisis de las situaciones provinciales, el Dr. Cruz expuso ante la Junta de Gobierno la preocupación que ha generado en la comunidad jurídica de la provincia del Chubut el proyecto de reforma de los procesos no penales. En su intervención destacó que el Proyecto fue elaborado sin participación de los colegios de abogados, ni de los propios magistrados y operadores jurídicos de la provincia, careciendo de todo diagnóstico estadístico previo y de un análisis serio sobre el estado actual del sistema judicial provincial. Señaló que esta modalidad de toma de decisiones, ajena a quienes integran cotidianamente el sistema, no es nueva: un proyecto de características similares fue presentado en el año 2019 con idéntica ausencia de instancias participativas; que en aquella oportunidad tuvo como respuesta un pronunciamiento de rechazo por parte de la FACA, y que el patrón se repite sin corrección, siendo en su esencia el mismo proyecto el que se presenta en esta instancia.
El Dr. Cruz advirtió que el proyecto introduce modificaciones de fondo que exceden la mera actualización procedimental. Entre los aspectos más preocupantes, señaló la concentración de amplias facultades en el juez en detrimento de la autonomía de las partes, cambiando de un procedimiento adversarial por uno inquisitivo, la eliminación de la recusación sin causa, la imposición de sanciones a los abogados en su carácter de operadores del proceso, y la supresión del proceso sucesorio, que se reduce a un único artículo de remisión al Código Civil y Comercial.
También expuso el Dr. Juan Esteban Rimoldi, presidente del Colegio de Abogados de Esquel, quien remarcó que lo que está ocurriendo en la provincia del Chubut no debe leerse como un episodio aislado, sino como parte de un fenómeno más amplio que se verifica en distintas provincias del país bajo el pretexto de la celeridad procesal, se erosionan sistemáticamente las garantías del debido proceso y se debilita la abogacía como protección ciudadana y de contrapeso al ejercicio concentrado del poder. En ese marco, señaló con particular preocupación la pretensión de introducir de manera encubierta la obligatoriedad del precedente judicial, mecanismo propio del sistema anglosajón de Common Law que resulta incompatible con el modelo constitucional argentino basado en el control difuso de constitucionalidad, y que permitiría neutralizar la labor de la abogacía con solo contar con un tribunal superior afín al poder político de turno.
La Unión de Colegios de Abogados de Chubut y la Regional FACA Patagonia presentarán un informe con sus conclusiones para contar con el acompañamiento de la FACA, tal como lo hizo en el año 2019. Asimismo, han coincidido en que toda modernización de la legislación procesal provincial que se emprenda debe canalizarse mediante un proceso genuinamente participativo, que convoque desde el inicio a todos los actores del sistema y que produzca un código que intensifique los estándares de protección constitucional, y no que los erosione.
