DANIEL YANGUELA: EL JUEZ QUE SI TRABAJA

La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut manifiesta su rechazo a la decisión del Poder Ejecutivo Provincial de suspender los efectos de las sentencias judiciales, pronunciadas en el marco de acciones iniciadas por trabajadores del Estado y jubilados/as por la falta de pago en término de sus salarios y/o haberes previsionales.El Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 196/21, dictado el 29 de marzo de 2021, no reúne las condiciones mínimas que la Constitución exige para que el Poder Ejecutivo pueda arrogarse facultades legislativas.Desconoce el Sr. Gobernador que el ejercicio de esa facultad de excepción, que ahora deberá evaluar el Poder Legislativo, impone necesariamente la existencia de un verdadero estado de necesidad y urgencia.La crisis económica y financiera que sufre hace años la Provincia, producto de una ineficiente administración de los recursos del Estado, no configura dicho presupuesto fáctico, siendo inaceptable que se invoque la Ley de Emergencia Económica para justificar la suspensión del pago de salarios y jubilaciones, de naturaleza alimentaria, de los/as empleados/as públicos y jubilados/as.Desde hace tres años el gobierno de la provincia ha resuelto que el déficit financiero en las cuentas públicas sea soportado por los/as trabajadores/as, activos/as y pasivos/as, pese al grave daño que implica para el ejercicio de los derechos más elementales de la ciudadanía y del deterioro que conlleva para la Administración, que ha visto reducida su actividad a partir de medidas de fuerza dispuestas en el marco de indiscutibles reclamos. El Poder Administrador, en lugar de adoptar decisiones de índole general, ha ido suscribiendo acuerdos parciales con distintos gremios, aplicando de tal modo un trato desigual entre los/as trabajadores/as. Esas inequidades determinaron a muchos/as empleadas/os públicos a ejercer su legítimo derecho de reclamar judicialmente, enfrentando incluso el obstáculo de que las juezas y los jueces están en idénticas condiciones fácticas/jurídicas y se excusan de intervenir, quedando el ejercicio de la jurisdicción en cabeza de abogados/as de la matrícula que, a su vez, no estén inhibidos para actuar como conjueces.El DNU 196/21, al disponer la suspensión de los efectos las decisiones judiciales, lesiona gravemente la garantía de acceso a la justicia y de la tutela judicial efectiva de la ciudadanía, configurando un claro avasallamiento a la división de poderes.Es por ello que exhortamos a las autoridades de la Provincia, tanto al Sr. Gobernador como a los/as diputados/as de todos los bloques políticos, a adoptar de manera urgente las medidas necesarias para impedir la aplicación del inconstitucional Decreto.

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