El Colegio Público de Abogados de la ciudad de Puerto Madryn lamenta profundamente el fallecimiento de las docentes Jorgelina Ruiz Díaz y Cristina Aguilar, ocurrido al regresar a la ciudad de Comodoro Rivadavia en ocasión de manifestarse por la falta de pago de sus salarios por parte del gobierno de la provincia del Chubut.

Siendo funciones de la abogacía afianzar la justicia, preservar y profundizar el Estado de Derecho, consustanciándose con la defensa de los Derechos Humanos, entendidos como unidad inescindible de derechos civiles y políticos, y derechos económicos, sociales y culturales, conforme los contenidos de la Constitución Nacional, la Constitución de la provincia del Chubut y de las declaraciones, cartas, pactos y tratados internacionales ratificados por la República Argentina, exhortamos -una vez más- a los poderes del Estado provincial a que restablezcan la paz social.

La falta de funcionamiento de los organismos del Estado, en todos los poderes, como consecuencia de no abonar los salarios de los empleados en tiempo y forma, afecta a los derechos humanos básicos de los chubutenses, entre ellos el derecho al cobro de una remuneración, a la salud, seguridad y de acceso a la Justicia.

En tiempos de graves trastornos económicos, sociales y políticos, las circunstancias exigen el compromiso de todos los sectores de nuestra sociedad para lograr una salida institucional a la crisis política y económica que afecta a nuestra provincia, en particular del Poder Judicial, último refugio de los ciudadanos para la protección de sus derechos.

En el día de ayer, 17 de septiembre, el Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn, representado por su presidente Sergio Fassio, su vicepresidente Ricardo Gabilondo y el vocal Patricio Castillo Meisen, compareció a la convocatoria efectuada por el Superior Tribunal de Justicia del Chubut a través de sus ministros Donnet y Panizzi, a la cual también fueron convocados todos los Colegios de Abogados de la provincia, así como el Defensor General, el Procurar Fiscal, los representantes del Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJUCH) y de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la provincia.

La convocatoria, inédita y abarcativa, procuró receptar las posiciones de cada uno de los sectores que involucran a los operadores jurídicos, a fin de analizar la problemática por la que atraviesa el Poder Judicial ante la falta de recursos para afrontar los haberes de la totalidad de los integrantes del Poder Judicial y la virtual paralización del servicio de justicia en nuestra provincia.

Desde el Colegio de Abogados de Puerto Madryn valoramos que hayan cesado las Acordadas del Superior Tribunal de Justicia que suspendían términos legales y judiciales y que se estén respetando las guardias mínimas en casi todos los fueros de cada Circunscripción. En ese marco, hicimos hincapié en la necesidad de recibir todo tipo de peticiones en los Juzgados y dependencias del Poder Judicial, pues no existe en la norma procesal la calificación de trámites urgentes, lo cual supone una irregularidad inadmisible que carece de todo fundamento legal. Entendemos que luego de varios meses de paralización del servicio de justicia, todas las presentaciones requieren urgencia en su tratamiento.

Instamos a que se articulen –en conjunto- los mecanismos que permitan adoptar criterios de flexibilidad en las posturas sectoriales y se canalicen los conflictos por las vías legales pertinentes, más allá de las reiteradas exhortaciones, a fin de conminar a los funcionarios responsables a cumplir con la remisión de las partidas presupuestarias aprobadas por ley para permitir el normal funcionamiento del servicio de justicia.

Seguidamente se volcó detalladamente la problemática de los profesionales en cada jurisdicción, que no se relaciona únicamente con la falta de pago de salarios, y se apuntó respecto de la necesidad de considerar al servicio de justicia como un derecho humano fundamental, siendo este poder del Estado el último refugio para la protección de los derechos elementales de los ciudadanos.

Asimismo a instancia -en primer lugar- del Colegio de Abogados de la ciudad de Trelew, se apeló a la solidaridad, proporcionalidad y razonabilidad de los actores involucrados en el conflicto, mediante un claro pedido de atenuación de las medidas de fuerza por parte de los empleados judiciales, para poder restablecer el normal funcionamiento del servicio de justicia provisoriamente a tiempo parcial, ya sea durante 3 días a la semana, o todos los días, media jornada.

La representación de la Asociación de Magistrados y Funcionarios también expresó su preocupación por la crisis del sistema, explicando el nivel de resentimiento del servicio, presión, sobrecarga laboral y responsabilidad que existe sobre sus representados, convocando al acuerdo a todas las partes para que se articulen medidas que flexibilicen y favorezcan las respuestas de la Justicia frente a los casos urgentes, que hoy en día lo son casi todos, frente a una sociedad atenta y que reclama respuestas del Poder Judicial.

Por su parte, los ministros del Superior Tribunal instaron al dialogo y a la búsqueda de soluciones de consenso, sin formular propuesta alguna, ni siquiera en el marco de una crisis que se atribuye al Poder Ejecutivo provincial, y respecto del cual –expresaron- aún no se han analizado medidas efectivas que permitan responsabilizar a quienes deben tomar decisiones políticas e institucionales.

Por último, la representación del SITRAJUCh expresó enérgicamente que se sostendrán las medidas de fuerza que permiten visibilizar el conflicto a fin de permitir poner en agenda del Poder Ejecutivo y forzar una mesa de diálogo y negociación en su carácter de principales responsable de la crisis institucional y política. Ello, a fin de atacar el grave problema que se plantea por la deficiente distribución de la renta provincial que favorece a los grandes grupos económicos que manejan los destinos del Chubut. Aparte de ello, los representantes culminaron asumiendo el compromiso –sin mayor expectativa- de trasmitir a sus representados la propuesta de flexibilización de las medidas de fuerza propuesta por los Colegios de Abogados.

A modo de conclusión por parte de los Señores Ministros se dispuso una nueva convocatoria para dentro de 10 días, donde se tratará nuevamente la problemática convocando a los representantes del Poder Ejecutivo provincial a fin de que informen pormenorizadamente respecto de sus incumplimientos.

Se convocó a la reflexión de todas las partes, quienes debemos ser conscientes de que la situación se prolongará y profundizará indefinidamente y que las medidas adoptadas hasta la fecha no han demostrado ser la herramienta más idónea y suficiente para solucionar la problemática.

La situación actual amerita modificar las vías de hecho, en el marco de la esfera de acción que tenemos las partes intervinientes. Ello importa ceder en aras del necesario funcionamiento del Poder Judicial que no solo tiene como víctima a quienes participamos de esta convocatoria, sino principalmente al justiciable, vulnerado en sus derechos que procura cobijo y respuestas de parte del Poder Judicial, frente a un gobierno que cada vez se maneja con más irresponsabilidad y no asume la gravedad del conflicto.

El Colegio de Abogado de Puerto Madryn seguirá participando en toda iniciativa que propicie erradicar la conflictividad, colaborando e impulsando todas aquellas medidas que permitan una solución institucional, temporal o definitiva, frente a un conflicto que afecta tanto al desempeño de nuestra profesión como a los ciudadanos que nos toca asistir y representar. Todos estamos llamados a hacer lo mismo.

El Colegio de Abogados de la ciudad de Puerto Madryn presentó a la Comisión de Reforma Procesal Civil y Comercial, de Familia, Laboral y Contencioso Administrativo un extenso documento donde afirman que, de aprobarse esta iniciativa propiciada por el Superior Tribunal de Justicia y el Poder Ejecutivo provincial, no mejorarán las condiciones del servicio de justicia, sino que se las empeorará sustancialmente, generando a los chubutenses una grave inseguridad jurídica al contrariar las previsiones contenidas en los pactos internacionales y la Constitución nacional y provincial, desechando el aprovechamiento de largos años de doctrina y evolución jurisprudencial local en sintonía con la jurisdicción federal.

Se trata de una propuesta de cambio sustancial de la legislación procesal que resulta incompatible con el ordenamiento jurídico, no responde a la tradición jurídica argentina, tanto jurisprudencial como doctrinal, ni a la enseñanza del derecho y estudio de grado de las Ciencias Jurídicas.

El Colegio de Abogados de Puerto Madryn expreso no estar en desacuerdo con la reforma de las leyes procesales, necesaria para adecuarlas a la nueva legislación civil y comercial, de modo de hacerla compatible y útil al derecho sustancial, tampoco con la presencia física de los magistrados en las audiencias, ya establecida como obligatoria por la Ley procesal actual, ni con técnica de la oralidad, ya que la materialización del lenguaje humano a través de la palabra hablada, es la forma de comunicación más antigua del ser humano.

Sin embargo, para el éxito de la técnica de la oralidad se requiere una dotación de recursos humanos y de infraestructura muy altos, que en el contexto económico actual que afecta a la provincia, así como las carencias presupuestarias y desinversión del Poder Judicial, destinará al fracaso todo proyecto que pretenda implementar la oralidad en las causas civiles.
En el documento, dirigido al Dr. Mario Luis Vivas, y que se puede descargar completo desde este link https://drive.google.com/file/d/1feeXQfE5fF8R_CWpJoR0PD9PokGtcQcu/view se efectuaron entre otros los siguientes cuestionamientos y aportes, que hacen inviable al anteproyecto de Código General de Procesos:

• Descartando esta propuesta, toda otra reforma que pudiera implementarse debe partir de un diagnóstico adecuado donde todos los operadores jurídicos participen expresando sus puntos de vista, deberá ser paulatina, consensuada y con el presupuesto económico asegurado para su óptimo funcionamiento.
• Nuestro Colegio no se opone al avance y modernización de los procesos, tampoco a la implementación de la “oralidad” en el ámbito no penal, somos quienes proclamamos a viva voz que el acceso a la Justicia, que comprende el derecho a un procedimiento rápido y de calidad, es un Derecho Humano fundamental y que las políticas de Estado, que incluye necesariamente al Poder Judicial, deben dirigirse prioritariamente en ese sentido.
• No admitiremos que, al amparo de la oralidad en los procesos civiles, se enarbolen banderas que subvierten el orden jurídico, que en varios aspectos son manifiestamente inconstitucionales, presentando al nuevo Código como moderno y cercano al justiciable, cuando se percibe que la iniciativa está destinada a aprobar algo novedoso por el solo hecho de aprobarlo, sin siquiera analizar si la reforma integral es efectivamente necesaria y viable, o si lo que realmente hay que reformar es la gestión del proceso y de los recursos.
• En cuestiones en las cuales el Poder Judicial podía avanzar, sin impedimento alguno, nada se hizo para favorecer la tramitación ágil de los procedimientos. Rige en nuestra provincia la Ley XIII – 21 para la presentación y gestión electrónica en el servicio de administración de Justicia y, pese a los años transcurridos desde su sanción, en nada se avanzó para lograr el objetivo de un expediente electrónico, mediante el uso de tecnologías de la información, como sí lo han conseguido otras provincias.
• Desde la sanción de la Ley XIII – 5 (Código Procesal Civil y Comercial) bien pudieron efectuarse reformas parciales que plasmaran los principios de oralidad e inmediatez en los procesos civiles y adecuar la legislación procesal al Código Civil y Comercial, vigente desde el año 2015; sin embargo el Superior Tribunal de Justicia generó una situación irregular, de gravedad institucional que, además del trámite legislativo que establece la Constitución provincial, omitió todo tipo de consulta a los Colegios de Abogados, representantes genuinos de la abogacía y sancionó el Acuerdo Plenario 4327/19 con su ANEXO “A” denominado “PROTOCOLO DE DESARROLLO DE LA ETAPA PROBATORIA EN PROCESOS CIVILES Y COMERCIALES PROVINCIA DEL CHUBUT”, que modificó de manera ostensible las leyes de procedimiento, desvirtuando el principio de la división de las funciones gubernativas y la correlativa asignación de cada una de ellas a órganos distintos e independientes, al arrogarse facultades que naturalmente corresponden al Poder Legislativo.
• La oralidad será beneficiosa en casos en los que las cuestiones de hecho y de derecho sean simples o donde el debate oral le permita al Juez apreciar las circunstancias de las partes, como lo es el caso de los procesos de familia. Por el contrario, en los procedimientos en los que las cuestiones de hecho y de derecho resultan complejas, la oralidad llevará a decisiones inexactas o superficiales.
• Estamos frente a una reforma alejada de la realidad social, económica y judicial en que vivimos los chubutenses. La presencia física del Juez bajo pena de nulidad insanable y apercibimiento de falta grave, en absolutamente todas las causas de todos los procesos de conocimiento sin distinción, sumado a la subrogación de otros juzgados, llegará al colapso del sistema. Las consecuentes nulidades serán inevitables, generando un grave perjuicio para los destinatarios de estos procesos que aparentan ser “mágicos”: los justiciables, que deberán esperar el trámite de un nuevo procedimiento.
• La incorporación del “precedente judicial”, entre las fuentes del Derecho, representa la traspolación de una institución ajena a nuestra tradición y filiación jurídica, la que, como es bien sabido, abreva en el denominado Sistema Romanista o Continental Europeo. Su introducción en el anteproyecto arrastra el vicio de inconstitucionalidad, por las perturbaciones que produce en la sistemática del ordenamiento jurídico argentino y en el sistema republicano federal que establece la Constitución que nos rige.
• Imponer al juez la obligación de “atender” el precedente o “regla decisoria” vigente en relación al conflicto”, vulnera la total independencia de los jueces en el desarrollo de su tarea interpretativa de “los casos”. El anteproyecto altera la concepción que siempre se ha tenido y enseñado por la mejor doctrina acerca de las denominadas Fuentes del Derecho. Tenemos hasta hoy por tales, a la legislación, la jurisprudencia, la doctrina de los autores y la costumbre, fuentes que, más allá del acierto o no de las posiciones que sostienen la existencia de una “jerarquía” entre ellas y que el intérprete debe respetar en su aplicación y quienes afirman la inexistencia de tal prelación, estando por ello habilitado el juzgador para acudir a la que mejor cumpla el rol que a ellas incumbe de otorgarle fuerza de convicción y objetividad a la decisión que ha elegido para el “caso”, lo real es que ninguna doctrina ni jurisprudencia han tomado “al precedente” judicial como fuente independiente, ni con el excluyente rol que el anteproyecto le asigna.
• La pérdida de rumbo resulta definitivamente total, cuando se agrega que las “reglas interpretativas aplicables al caso” son las “establecidas por las distintas autoridades provinciales, nacionales y de los sistemas de protección de los derechos humanos regional y universal”. Es decir que la judicatura, en ejercicio de su exclusiva y excluyente función de dirimir conflictos, debe acudir, con el carácter de fuente de interpretación, a criterios emanados de la Administración Pública. Para decirlo de manera directa y de una vez, la conducta que se propicia representa una delegación de facultades del Poder Judicial en el poder Ejecutivo, prohibida por manda constitucional y calificada como delito para sus protagonistas, bajo la denominación de “infames, traidores a la patria”.
• No sabemos por qué extraño sino, la Provincia del Chubut sigue, de un tiempo a esta parte, una pendiente de deterioro jurídico institucional sin precedentes en su historia. Comenzó con la sanción del Digesto Jurídico del Chubut, cuyo efecto fue el de anarquizar el ordenamiento jurídico provincial, al punto de haber sido así reconocido por el propio Superior Tribunal de Justicia, propiciando su derogación, y siguiendo ahora con el presente anteproyecto que, de aprobarse, produciría el mismo efecto en el ámbito del Poder Judicial,momificando la labor creativa de los jueces a través de la sentencia judicial.
• Advertimos que existe un decidido avance contra la figura del Abogado, concediendo facultades a los magistrados para sancionar a los letrados en el ejercicio profesional, cuando, a excepción de las limitadas facultades ordenadoras que conservan los magistrados en el proceso, los órganos de juzgamiento de los comportamientos de los abogados son los Tribunales de Ética de cada Colegio en el marco legal que brinda la ley XIII-11 y no los magistrados, un órgano que permite que los abogados puedan gozar, como los demás justiciables, del ejercicio del derecho de defensa ante la imputación de una falta cual sea que fuere. Los Colegios de Abogados no damos solamente un marco adecuado para el debido proceso, las normas que regulan nuestra profesión consignan minuciosamente los deberes fundamentales del abogado respecto de nuestros colegas, clientes y, en especial, con relación a la administración de justicia, con el correlato de sanciones por su falta de cumplimiento.
• Se sobrecarga la función del abogado en el ejercicio de la profesión que no puede parar, ni suspender términos, ni pedir licencia por enfermedad, o por cuestiones académicas, entre otras muchas medidas propias de todos los magistrados y funcionarios dependientes del Poder Judicial.
• El anteproyecto omite regular el proceso sucesorio, respondiendo al interés de sacar de la esfera de los tribunales a tales procedimientos y de esta forma descargar los juzgados de un cúmulo de trabajo propio de la Justicia, favoreciendo la inconstitucional tramitación de sucesiones extrajudiciales, sin jueces ni abogados.
• Se admite que los “pueblos originarios” administren su propio sistema de justicia, lo cual soslaya el rol del abogado, fragmenta a los ciudadanos de esta Nación colocándolos en situación distinta ante la ley, generando procesos de división y estigmatización entre culturas en identidades separadas. Sin dudas que la implementación en estos términos acarrea un debate que deberá darse con mayor profundidad.
• La creación de nuevas estructuras burócráticas como las Oficinas judiciales, no evidencia el beneficio ni la relación que guarda con los principios que se proclaman de celeridad, calidad del servicio de justicia, acercamiento al justiciable, etc. La operatoria cotidiana de la justicia se podría optimizar con mayor eficacia si se introdujeran algunas modificaciones en el recurso humano y no tanto en la estructura, por ejemplo: invirtiendo en capacitación y reasignación de personal improductivo, readecuando tareas, modificando prácticas burocráticas e inoficiosas, incorporando tecnología, certificaciones de calidad de servicio, entre otras muchas medidas posibles, más útiles, expeditivas y menos costosas.
• La incorporación de los juicios por jurados populares, legos en derecho, a los que se les asigna la tarea de juzgar sobre la constitucionalidad o convencionalidad de las leyes, reglamentos o cualquier tipo de norma general, constituye un descuido técnico – jurídico inocultable, pues los jurados no pueden resolver cuestiones de derecho, por no estar capacitados para ello. Debieron advertir que los Jurados Populares no pueden juzgar sobre la responsabilidad civil o disciplinaria de los magistrados y/o de cualquier otro funcionario público, lo cual se contrapone con nuestra Constitución Provincial.
• Existe un notable cercenamiento del acceso a la jurisdicción en una Segunda Instancia y ante el Superior Tribunal de Justicia, delimitando el conocimiento de los casos que pueden llegar a ser trascendentes y abriendo la posibilidad a desechar discrecionalmente el resto de los asuntos sometidos a su jurisdicción mediante un juicio de trascendencia que nos llevaría a la lamentable conclusión de que una parte significativa de los casos sea desestimada.
• La falta de una adecuada exposición de los motivos que llevaron a efectuar esta propuesta legislativa y de notas al pie en el articulado, no permite conocer el origen y los fundamentos de las propuestas adoptadas, o bien la cita o trascripción de otras leyes procesales y párrafos de tratadistas. La utilización de siglas o frases en latín, resultan contradictorias con una adecuada técnica legislativa.
• El desdoblamiento indiscriminado del sustantivo en su forma masculina y femenina va en contra del principio de economía del lenguaje. Este tipo de forma de expresión resulta artificiosa e innecesaria desde el punto de vista lingüístico, tal como lo recomienda la Real Academia Española en su Diccionario Panhispánico de dudas. Se olvida que en la lengua está prevista la posibilidad de referirse a colectivos mixtos a través del género gramatical masculino, posibilidad en la que no debe verse intención discriminatoria alguna, sino la aplicación de la ley lingüística de la economía expresiva.
• Se recurre sistemáticamente a una excesiva delegación reglamentaria a favor del Superior Tribunal de Justicia que traspasa los límites del artículo 178 inc. 3 de la Constitución Provincial, en tanto solo se faculta al máximo órgano del Poder Judicial a elaborar su reglamento interno y dictar acordadas conducentes al mejor servicio de justicia. El órgano jurisdiccional del Estado es quien aplica la normativa legislativa referida al proceso, pero no quien la dicta, pues ésta no tiene la naturaleza del reglamento interno.
• El Proyecto remitido en lo que hace a la regulación del proceso contencioso administrativo pone en evidencia lo irregular de este proceso de reforma. En atención a las particularidades de la cuestión contencioso administrativa se torna prácticamente imposible la aplicación de la oralidad. Considerando el volumen de causas contencioso administrativas que actualmente se tramitan en la justicia local y, más allá de ser necesaria la regulación de la materia, no se advierte un análisis profundo de los recursos disponibles para la creación de un nuevo fuero como se propone.
  Recomendamos la lectura completa del documento descargándolo desde el siguiente link https://drive.google.com/file/d/1feeXQfE5fF8R_CWpJoR0PD9PokGtcQcu/view

XIV Congreso Argentino de Derecho Societario y X Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa, organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, y que tendrá lugar en la ciudad de Rosario, los días 4, 5 y 6 de setiembre próximos.

Toda la información sobre el temario, ponencias, matrículas, actividades, etc. puede consultarse en la página web www.societariorosario2019.com.ar.

Tal como es de conocimiento de muchos abogados, este evento se celebra cada tres años y en esta oportunidad, tendrá lugar en la ciudad de Rosario, y se tratarán temas de gran impacto como el Proyecto de Reformas a la Ley General de Sociedades; régimen legal y realidad jurídica de las S.A.S., sociedades de familia, responsabilidad societaria (penal, civil, concursal), compliance, el derecho societario frente a las nuevas tecnologías (reuniones a distancia, contabilidad digital), economía y derecho, entre otros.

Esperamos contar con la presencia de todos ustedes, y estamos a disposición para cualquier consulta.

Dra. María Belluccia. Presidenta Colegio de Abogados de Rosario

Dra. Gabriela Calcaterra

Presidenta de la Comisión Organizadora

XIV Congreso Argentino de Derecho Societario y X Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa

Informes: contacto@societariorosario2019.com.ar

Se ha incorporado esta funcionalidad en JUZGADOS EJECUCIÓN Y LABORALES DE TRELEW

Se informa a los usuarios que hemos incorporado la publicación del estado administrativo del expediente, permitiendo visualizar de esta manera si el expediente se encuentra “A despacho”, “En letra”, “Archivado”, entre otros estados.

La siguiente figura muestra un ejemplo del estado de un expediente.

Organismos habilitados

Se incorporarán paulatinamente todos los organismos que publican su información en el sistema Serconex, en tanto cumplan con el proceso homologado de registro de estados en sus sistemas informáticos.

Al 09/05/2019 se encuentran habilitados los siguientes organismos

Se necesita un nuevo enfoque de acceso a justicia que tenga en el centro a las personas y diálogos que nos guíen en el camino para abordar la desigualdad económica y los altos niveles de exclusión social y política. De este modo, lograremos dar cumplimiento a la Agenda 2030 de la ONU.

Tomando este concepto como premisa, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos llevará adelante la Semana de la Justicia; una serie de encuentros en la Ciudad de Buenos Aires y en la localidad de Susques, entre los días 7 y 10 de mayo. El objetivo es generar espacios de intercambio de experiencias y estrategias para la realización de la Agenda 2030, específicamente el ODS 16 que busca promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas.

Martes 7 de mayo – Presentación del libro “Violencias, Víctimas y Sociedades Justas”
Autoridades de la cartera nacional de Justicia presentarán el texto “Violencias, Víctimas y Sociedades Justas”, elaborado en conjunto con el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y la Justicia Penal. El texto ofrece una aproximación a las violencias en la región y en la Argentina, con las víctimas como protagonistas centrales.
Hora: 10 a 12 horas
Lugar: Salón Verde – Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires

*Actividad abierta al público con inscripción previa

Martes 7 de mayo – Justicia 2030: Desafíos en acceso a justicia
Se presentará un diagnóstico en materia de acceso a justicia a toda la sociedad. En esta reunión se propiciará un espacio de debate y retroalimentación para construir una línea de trabajo hacia el futuro conjunto con actores de la academia, organizaciones no gubernamentales, operadores jurídicos y público en general.
Hora: 12 a 15 horas
Lugar: Salón Rojo – Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires

*Actividad abierta al público con inscripción previa

Martes 7 de mayo – Encuentro: “El rol de la abogacía en el acceso a la justicia”
El encuentro abordará las distintas dimensiones de la abogacía en la comunidad jurídica argentina. De esta manera, se explorarán distintas prácticas pro bono y los consultorios jurídicos gratuitos. Asimismo, se plantearán estrategias para el fortalecimiento de las alianzas público – privadas, lecciones aprendidas y los retos hacia el futuro.
Hora: 15 a 17 horas
Lugar: Salón Verde – Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires

*Actividad abierta al público con inscripción previa

Martes 7 de mayo – El rol del poder judicial en el acceso a la justicia: Nuevas miradas para lograr la Agenda 2030
El Poder Judicial es llamado a tener un rol fundamental en la realización de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas, en cuanto garante de la vigencia de los derechos humanos y de la Constitución Nacional. En este sentido, el Objetivo 16 tiene directa relación con los sistemas judiciales y ha sido identificado como el facilitador de los demás Objetivos. En efecto, el ODS 16 en su meta 6 promueve instituciones transparentes, receptivas y que rindan cuentas.

En este espacio, representantes del Poder Judicial plantearán estrategias y buscarán delinear consensos de estándares de acceso a la justicia en el contexto de los desafíos actuales y la Agenda 2030.
Hora: 15 a 18 horas
Lugar: Salón Rojo – Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires

Miércoles 8 y jueves 9 de mayo – Conferencia internacional: “El rol del Acceso a Justicia en la construcción de sociedades justas, pacíficas e inclusivas y la realización del ODS 16+”
La conferencia internacional contará con paneles de alto nivel conformados por autoridades del Poder Judicial y Ejecutivo, expertos de instituciones académicas y organismos internacionales. Los participantes mostrarán los últimos avances a nivel global, también se evaluará el impacto, los resultados, la rentabilidad y la eficiencia de las disposiciones de asistencia legal y los servicios de justicia, así como el acceso a la justicia para personas vulnerables.
Hora: 9 a 16.30 horas
Lugar: Salón Azul – Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires

*Actividad abierta al público con inscripción previa

Miércoles 8 de mayo – Lanzamiento regional del reporte “Justicia para Todos” del Grupo de Trabajo sobre Justicia
En el evento se compartirán los hallazgos principales del reporte “Justicia para Todos”, un informe que destaca el trabajo llevado adelante por el Grupo de Trabajo sobre Justicia durante los últimos dos años. El documento establece los principales desafíos en justicia y las propuestas que han sido consensuadas a nivel global por líderes de distintas partes del mundo para la realización del ODS 16+.

El Grupo de Trabajo es una iniciativa de los Pioneros para Sociedades Justas, Pacíficas e Inclusivas y es co-presidido por Germán Garavano, ministro de Justicia y Derechos Humanos de Argentina; Sigrid Kaag, ministra de Comercio Exterior y Desarrollo Cooperativo de Los Países Bajos; Priscilla Schwartz, ministra de Justicia y Procuradora General de la República de Sierra Leona; e Hina Jilani, como representante de la organización internacional no gubernamental The Elders.

Lugar: Palacio San Martín

Miércoles 8 de mayo – Mesa redonda sobre el acceso a la justicia de los adultos mayores
La mesa redonda presentará la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en lectura fácil y buscará intercambiar propuestas de alfabetización jurídica para este grupo vulnerable. Se presentará el lanzamiento de la campaña de difusión de derechos de las personas mayores: #mayoresderechos.
Hora: 11.30 a 13horas
Lugar: Sala Velez Sarsfield – Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires

Jueves 9 de mayo – Lanzamiento regional del reporte “Justicia para las Mujeres”
Durante la actividad se presentará el reporte “Justicia para las Mujeres” producido por el Grupo de Alto Nivel de Mujeres y Niñas de los Pioneros para Sociedades Justas, Pacíficas e Inclusivas que cuenta con el apoyo de ONU Mujeres, el Banco Mundial, la Organización de Derecho para el Desarrollo Internacional y el Grupo de Trabajo sobre Justicia.
Hora: 11.30 a 13 horas
Lugar: Salón Azul – Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires

Jueves 9 y viernes 10 de mayo – Visita al proyecto Corredor Nor-Andino
Autoridades gubernamentales, expertos de instituciones académicas y miembros del Grupo de Trabajo en Justicia, realizarán una recorrida al Centro de Acceso a Justicia de Susques, en Jujuy, lugar en el que se inauguró el Corredor Norandino.

El Proyecto Corredor Nor-andino Legal y Sanitario es la primera iniciativa médico-legal de la Argentina. Se trata de un modelo innovador de atención a necesidades legales en áreas rurales con un enfoque diferencial en comunidades indígenas y criollas.

Para informes sobre la Semana de Acceso a Justicia, escribir a ssaccesoalajusticia@jus.gob.ar
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