El Colegio Público de Abogados de la ciudad de Puerto Madryn envió una nota al Dr. Mario Luis Vivas, presidente del Superior Tribunal de Justicia, para que disponga, a partir del día 13 de Abril, el urgente restablecimiento del Servicio de Justicia, sin poner en riesgo la salud pública, ni la de los trabajadores, funcionarios y magistrados del Poder Judicial, abogados y demás auxiliares de Justicia, considerando que la actividad judicial se encuentra dentro de los servicios esenciales que debe prestar el Estado provincial. La abogacía y la sociedad requieren que la Justicia vuelva a funcionar en todas sus dependencias, sin restricciones.

En la nota se expresó que, como abogados y defensores acérrimos del Estado de Derecho, se procura la integridad de la abogacía como pilar esencial de la Justicia, a fin de garantizar la pacífica convivencia social y asegurar el goce de los derechos humanos, sociales y económicos de toda la comunidad y la posibilidad de los profesionales de ejercer una actividad lícita y fuente del sustento familiar, que hoy se encuentra gravemente afectada, en particular en los noveles abogados y abogadas.

Las soluciones transitorias dictadas por el Superior Tribunal de Justicia que dispusieron declarar inhábiles los plazos hasta el día 12 de Abril, no resultan sustentables en el tiempo. “Los días transcurren y, además de la parálisis económica que supone para la sociedad todo el aislamiento dispuesto por las autoridades, el Servicio de Justicia es inexistente y por cierto que, tal como lo hemos expresado en numerosas oportunidades ante la calamitosa situación económica de nuestra Provincia, no puede dejar de prestarse ni mantenerse en un limbo de inoperancia” se sostuvo desde la institución.

Se hicieron llegar a las autoridades del Superior Tribunal de Justicia aportes y propuestas para que pueda restablecerse, a partir del próximo 13 de abril, un adecuado funcionamiento del servicio de justicia. Entre otras iniciativas, se solicitó:

1. La instauración plena de la presentación de escritos en forma digital o con firma electrónica, en forma remota, como así también la realización de audiencias por sistema de teleconferencia en aquellas causas que por su tipo admitan esa modalidad.
2. Que se ponga en funcionamiento la Firma Digital en los términos de la Ley Nacional 25.506 y la Acordada Nº 3249 del Superior Tribunal de Justicia, la que permitirá no solo la presentación de escritos judiciales, sino también el diligenciamiento de oficios y demás comunicaciones oficiales asegurando la autoría y autenticidad de los documentos.
3. Que se ordene a todos los juzgados a disponer la apertura de una mesa de entradas virtual (con una casilla de correo electrónico oficial) a los fines de recibir presentaciones judiciales de trámite en los expedientes.
4. Se encomiende a la Administración General del Poder Judicial que extreme la adopción de todas las medidas pertinentes a los fines de asegurar las condiciones de higiene y salubridad de los espacios afectados al funcionamiento del Poder Judicial.
5. Se avance en forma acelerada y decidida en el cumplimiento de la Ley XIII – 21 para la presentación y gestión electrónica en el servicio de administración de Justicia, cuya demora ha colocado a la provincia en inferioridad de condiciones respecto del resto del país.

Se destacó que para implementar estas iniciativas no será inconveniente la cuestión económica, pues el Superior Tribunal de Justicia puede afectar los recursos provenientes de intereses por las cuantiosas sumas de dinero impuestas a plazo fijo, para invertirlos en el Servicio de Justicia.

Estimados colegas, mediante un convenio entre la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) y la Editorial Rubinzal Culzoni, se ofrecen, a través de los Colegios, las siguientes capacitaciones on line no aranceladas.

Curso: “EL DESPIDO EN TIEMPOS DE CRISIS” – Marco normativo y criterios jurisprudenciales
Link de inscripción: https://www.rubinzal.com.ar/media/formulario_auto.php

Curso: Visión Jurisprudencial sobre Temas del Derecho de Familia
Link de inscripción: https://www.rubinzal.com.ar/media/formulario_auto.php

Curso: Temas fundamentales de la parte general del Código Penal
Link de inscripción: https://www.rubinzal.com.ar/media/formulario_auto.php

Curso: Temas actuales de Derecho Procesal
Link de inscripción: https://www.rubinzal.com.ar/media/formulario_auto.php

Material específico sobre la emergencia sanitaria https://www.rubinzalonline.com.ar/index

Estimados Colegas:

El Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn expedirá certificados de matrícula vigente a los abogados/as que lo requieran, para los supuestos de excepción que habilita la normativa (DNU Nro. 297/2020), dejando expresamente aclarado que el Colegio no posee potestad para autorizar o prohibir la circulación.

Requisitos para solicitarlo:

Remitir al Directorio por email a secretaria@cpapm.org.ar, una nota con carácter de DECLARACIÓN JURADA, donde especifiquen:

1. Domicilio de residencia y donde deba trasladarse.
2. La descripción del tipo de proceso que suscita su intervención y los datos del expediente si los tuviera y el motivo que requiere su intervención profesional brevemente relatada.
3. Manifestación de encontrarse activo en la matrícula y Tomo y Folio de matriculación en este Colegio profesional, nombre completo y DNI.
4. Cualquier otra información que a criterio del solicitante justifique el estado de necesidad y/o fuerza mayor a que alude la norma.
5. Agregar la siguiente leyenda “DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN JURADA SON VERÍDICOS Y ME HAGO RESPONSABLE ANTE CUALQUIER INCONVENIENTE QUE SURJA RESPECTO DE LA VERACIDAD DE ESTOS.”
6. El matriculado recibirá en su correo electrónico la certificación expedida por Secretaría del Colegio, desde la casilla de correo electrónico referida.

Directorio del Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn.

Estimados Matriculados,

Frente a las medidas adoptadas tanto por el Gobierno Nacional como por el Provincial en orden a evitar la propagación de la pandemia generada por el denominado “coronavirus” la Comisión Directiva del Colegio de Abogados de Puerto Madryn considera pertinente que la Sede del Colegio permanezca abierta aunque limitando la atención personal a los trámites urgentes y estrictamente necesarios.

En ese sentido se dispone la suspensión del funcionamiento del consultorio jurídico gratuito hasta nuevo aviso. De igual manera se suspende el servicio de cobro de la tasa de justicia en la sede del Colegio.

Para el pago de la cuota mensual, se informa que el mismo podrá ser efectuado por transferencia bancaria cuyos datos podrán solicitar al Colegio por las vías que a continuación se indican.

Se invita a los matriculados a efectuar sus consultas vía correo electrónico, por la página de Facebook del Colegio o bien por whatsapp.

Esperando que sepan comprender la situación y apelando a la responsabilidad de todos para sobrellevar esta situación, los saludamos atentamente.

Organizada por el Colegio Público de Abogados de Comodoro Rivadavia se realizó el día 13 de Marzo pasado en la ciudad de Comodoro Rivadavia, la I Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) organismo que nuclea a 84 Colegios y Asociaciones de Abogados de todo el país y es presidido por el Dr. José Luis Lasalle. Previamente sesionaron también los Colegios de abogados de la Regional Patagonia, estando presentes delegados y presidentes de los colegios de abogados de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

En la reunión de la Junta de Gobierno se abordaron importantes temas relacionados con la abogacía, poniendo especial énfasis en la situación que atraviesa la provincia del Chubut ante la virtual paralización del Poder Judicial, reducto al que acceden los ciudadanos en búsqueda de la tutela judicial efectiva de sus derechos y que cumple el rol esencial de garantizar la plena vigencia del Estado de Derecho.

Por el Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn, que preside el Dr. Sergio Fassio, concurrieron los abogados Hipólito Giménez y Patricio Castillo Meisen, quienes junto con los representantes de los Colegios de Abogados de Comodoro Rivadavia, Sarmiento y Trelew explicaron a los demás integrantes de la abogacía organizada los graves inconvenientes que ocasiona a los ciudadanos y a la abogacía la falta de pago de los salarios de los empleados, funcionarios y magistrados de la provincia, y la repetida determinación del Superior Tribunal de Justicia de disponer la suspensión de términos judiciales, que afecta la tramitación de las causas en los juzgados, sin distinguir su estado ni urgencia, vulnerando abiertamente principios y derechos consagrados constitucionalmente.

La crisis terminal que atraviesa la Justicia, que requiere de un accionar firme y determinado de la cúpula del Poder Judicial para establecer los responsables del descalabro que sufre la provincia del Chubut y que se encauce el conflicto por las vías legales para conminar a los funcionarios responsables a remitir las partidas presupuestarias aprobadas por ley, provocó asombro y preocupación en los representantes de los demás colegios de abogados del país quienes jamás padecieron en sus respectivas provincias, situaciones similares por la gravedad y prolongación del conflicto que no avizora una solución en el corto o mediano plazo.

REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DEL STJ

El Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Mario Luis Vivas se reunió con el Dr. José Luis Lasalle, presidente de la FACA, junto con el Dr. Ivan Alexandre y Nicolás Demitriou, Presidente y Vicepresidente del Colegio de Abogados de Comodoro Rivadavia, y recibió el reclamo de los Colegios de abogados del Chubut que vienen bregando para que no se suspendan más los términos y plazos legales en los expedientes, pues solo conlleva a la paralización del servicio de justicia en lugar de restablecer su funcionamiento, comprometiéndose el Dr. Vivas a no tomar ninguna nueva determinación sin la previa consulta a los profesionales del derecho.

Desde el Colegio de Abogados de Puerto Madryn se valoró la acordada 4842/2020 del Superior Tribunal de Justicia que reguló el funcionamiento de los Juzgados frente a la contingencia, asegurando determinada cantidad de empleados que permita la recepción y tramitación de las causas y se expresó el rechazo absoluto al Acta Acuerdo celebrada días pasados por el Alto Tribunal con la Asociación de Funcionarios y Magistrados y el Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJUCH), sin previa consulta con los Colegios de Abogados, que dejó sin efecto la acordada 4842/2020 y permitió la suspensión de las audiencias, una minúscula cantidad de empleados por Juzgado y el establecimiento de criterios discrecionales de urgencia, gravedad o trámites impostergables, cuando no existe norma jurídica que así lo establezca y, en virtud de varios meses de paralización del servicio de justicia, todas las presentaciones requieren urgencia en su tratamiento.

La Federación Argentina de Colegios de Abogados otorgó su respaldo a las gestiones realizadas por los Colegios de Abogados del Chubut, requiriendo al STJ que se abstenga de continuar suspendiendo los plazos procesales y comprometiendo próximas gestiones ante el Gobernador de la provincia Escribano Mariano Arcioni y el gobierno nacional, para impulsar las medidas que permitan una solución institucional, temporal o definitiva, frente a un conflicto que afecta tanto el desempeño de la profesión de la abogacía, como a los ciudadanos a los que se asisten y representan.

El Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn hace saber su más amplio rechazo al proyecto de ley enviado por el Gobernador Arcioni a la Legislatura del Chubut, que establece el IMPUESTO A LA TRANSMISIÓN GRATUITA DE BIENES – también denominado “impuesto a la herencia” o “impuesto sucesorio”- el cual pretende castigar con un tributo más a todo aumento de riqueza obtenido a título gratuito como consecuencia de una transmisión o acto de esa naturaleza, que comprenda o afecte uno o más bienes situados en la Provincia y/o beneficie a personas físicas o jurídicas con domicilio en la misma.

Expresamos la preocupación por la modalidad con la cual se lleva a cabo este proceso de reforma, anulando la participación de los Colegios Profesionales (Abogados, profesionales de las Ciencias Económicas, Escribanos) creados por el Estado provincial con la facultad de colaborar con las autoridades públicas en la redacción de la legislación, como principales intérpretes e interesados en la aplicación de la referida norma.

Preocupa la asfixiante sobrecarga tributaria que tendrán los justiciables chubutenses que deban tramitar un juicio sucesorio, efectuar una donación de bienes a sus hijos o reordenar un patrimonio familiar entre otras muchas acciones que se ven alcanzadas, y que en este sentido impedirá el acceso a la justicia para las diversas modalidades de planificación patrimonial o reorganización familiar.

La norma propuesta por el Poder Ejecutivo resulta inconstitucional por afectar el principio de no confiscatoriedad. Este principio se traduce concretamente en que los impuestos deben garantizar la propiedad privada, asegurada por la Constitución nacional y provincial, sin abarcar una parte sustancial de la misma o de su renta.

Corresponde destacar que el impuesto que se pretende aprobar se superpone con otros impuestos provinciales y nacionales que gravan idénticos bienes que luego son heredados: el impuesto sobre los bienes personales y el impuesto inmobiliario, o la Tasa de Justicia que debe abonarse en todo trámite sucesorio, calculada sobre los valores reales de las propiedades, con lo cual no encuentra justificación seria por la que aquellos vuelvan a ser gravados en oportunidad de transmitirse a los beneficiarios.

Por su parte, se pretende dar a esta iniciativa un trámite exprés en la Legislatura sin que el proyecto cuente con un estudio meticuloso sobre cuáles son los principios impositivos que se pretenden desarrollar con el mismo en referencia a la población que se verá afectada patrimonialmente, de qué manera y en qué proporción, fundamentalmente cuando se encuentran en juego garantías constitucionales como el derecho de propiedad y a la no confiscatoriedad de los bienes.

Así las cosas, NO nos encontramos frente a un tributo a las grandes fortunas, sino frente a un impuesto que incidirá sobre los estratos medios de los chubutenses que ya contribuyen -pesadamente- con el pago de sus impuestos, para solventar la sobredimensión de los gastos que generan los tres poderes del Estado, el cual últimamente destina más de lo que ingresa para pagar salarios en mora, arrimando al precipicio a la provincia toda y colocándonos frente a un año 2020 que será marcado por una creciente conflictividad social, frente a una clase dirigente que carece de autocrítica y razonabilidad y que, como única respuesta, pretende exigir un mayor esfuerzo a la sociedad.

Exhortamos a los legisladores de la provincia a no aprobar la iniciativa cuestionada, pues la misma resulta inconstitucional y podrá generar diversos planteos judiciales con los mayores costos que ello ocasionará a nuestra provincia.

Directorio del Colegio de Abogados de Puerto Madryn, 24 de Enero de 2020.