Pese a que el Consejo de la Magistratura de la Provincia del Chubut rechazó formalmente en su sesión extraordinaria del día viernes 13 de Junio la presentación efectuada por el Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn -mediante la cual se solicitó la inmediata revocación de la designación del Dr. Daniel Horacio Obligado como jurista invitado en el concurso para cubrir el cargo de Juez de Cámara Penal-, el mencionado magistrado comunicó su decisión de desistir de participar en las evaluaciones previstas para los días 23, 24 y 25 de junio de 2025 en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

El Colegio de Abogados había fundado su objeción a la designación del Dr. Obligado en la falta de idoneidad técnica, trayectoria académica y solvencia moral requeridas por el Reglamento de Concursos, así como en el modo en que se produjo su incorporación al listado de juristas invitados del Consejo de la Magistratura, la cual había sido promovida por el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Javier Raidán, sin el procedimiento de publicidad correspondiente.

Los cuestionamientos planteados por el Colegio de Abogados de Puerto Madryn, a los que se sumaron objeciones de la Asociación de la Magistratura y Funcionariado Judicial del Chubut, fueron avalados por el representante de los abogados de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Dr. Manuel Burgueño Ibarguren, y la representante de los trabajadores judiciales, Estefanía Alejo, quienes postularon separarlo del concurso para cubrir la vacancia en la Cámara Penal de Puerto Madryn.

La decisión del Dr. Obligado de excusarse por razones de agenda y no integrar el jurado evaluador constituye, en los hechos, una validación de las objeciones planteadas por este Colegio, que continúa bregando por un proceso de selección de magistrados transparente, respetuoso del principio de legalidad y con participación de juristas que reúnan verdaderamente los requisitos exigidos por la normativa vigente.

El Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn respalda la iniciativa de juicio político impulsada por la Asociación de Magistrados y Funcionariado Judicial de la Provincia del Chubut ante la inédita crisis institucional generada por las decisiones discrecionales de sus órganos de gobierno.

Los integrantes del Superior Tribunal han socavado su credibilidad con medidas como la exención del impuesto a las ganancias a una de sus ministras por su condición de jueza municipal de faltas; la asignación de doce pasajes aéreos gratuitos por año; la duplicación de viáticos —que alcanzan los $ 320.000 diarios para traslados superiores a 300 km—; la implementación del teletrabajo para todo el personal; la omisión de la fundamentación individual exigida por el artículo 169 de la Constitución provincial; la introducción de la figura de “ministro referente”; la designación de secretarios privados; el otorgamiento de adicionales no remunerativos por “gastos de investidura” que elevan sus ingresos hasta un 60 %; la compra de vehículos de alta gama y el nombramiento de personal sin concurso previo. A esto se suma el trato despectivo a los operadores jurídicos, las contrataciones directas y las remociones arbitrarias, configurando un patrón de opacidad y privilegios incompatible con los principios de ética pública, transparencia, independencia judicial y respeto al orden constitucional.

Este escenario se agrava con el incumplimiento sistemático del deber de responder a los pedidos de acceso a la información pública presentados por este Colegio, y con el silencio institucional persistente frente a los legítimos reclamos de magistrados, trabajadores judiciales y operadores jurídicos.

En tales condiciones, poco puede esperarse de un cuerpo que ha optado por el aislamiento, el secretismo y el privilegio. La autoridad moral para dictar sentencias sobre los derechos fundamentales de la ciudadanía está profundamente deteriorada.

No estamos sorprendidos ante esta realidad que afecta a todos los chubutenses ya que, cumpliendo con la Ley de colegiación, nos opusimos firmemente a cada una de las propuestas de los diferentes gobernadores para designar a los actuales integrantes del Superior Tribunal de Justicia, advirtiendo la falta de paridad de género, escasos o nulos antecedentes académicos, ausencia de procedencia regional y falta de idoneidad para tan alta investidura.

El descrédito alcanzado por sus actuales integrantes es irreparable. Es por lo que este Colegio considera necesaria una renovación integral, juntamente con el Procurador General y Defensor General como exigencia institucional fundada en la necesidad urgente de restablecer la credibilidad, la funcionalidad y la imparcialidad del Poder Judicial.

Necesitamos una Superior Tribunal que se legitime por sus fallos, integrado por mujeres y hombres con idoneidad, independencia, especialidad y arraigo regional, en paridad de género y con reconocimiento en el ámbito académico y ante la opinión pública. Construir un futuro para nuestra provincia exige, en primer lugar, restablecer el Estado de Derecho, un estricto respeto a la división de poderes, a la independencia judicial y a los derechos y garantías constitucionales.

Reafirmamos nuestro compromiso con la legalidad, la ética pública y la defensa de los valores republicanos, y nos ponemos a disposición de los órganos competentes para colaborar en todo proceso orientado a recuperar la confianza de la ciudadanía en la justicia provincial.

Puerto Madryn, 12 de junio de 2025

El Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn exige al Presidente del Consejo de la Magistratura de Chubut, Dr. Rafael Lucchelli, la inmediata revocación de la designación del Dr. Daniel Horacio Obligado como jurista invitado en el concurso para Juez de Cámara Penal por falta de idoneidad y solvencia moral.

En la presentación efectuada en el día de hoy, se puso de manifiesto que la subrepticia inclusión en el listado de juristas del Consejo de la Magistratura, que habría ocurrido a pedido expreso del Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Javier Raidán, vulnera el Reglamento de Concursos que exige trayectoria probada, experiencia en funciones de alzada, solvencia moral y publicaciones doctrinales de alcance nacional.

El Dr. Obligado fue denunciado en varias causas por mal desempeño y prevaricato ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, en expedientes de altísima relevancia institucional como “ESMA”, “Los Sauces” y “Hotesur, donde su rol derivó en sobreseimientos controvertidos.

Su exclusión como profesor adjunto de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, tras un dictamen desfavorable de un jurado académico, pone en evidencia la carencia de compromiso con la excelencia docente. Del mismo modo, su trayectoria en el sistema federal escrito y de instrucción judicial no le ha otorgado la experiencia técnica ni la visión institucional necesarias para asesorar en un régimen acusatorio pleno, con audiencias orales y juicios por jurados, vigente en Chubut desde 2006.

Esta falta de idoneidad, unida a la absoluta opacidad del procedimiento de su inclusión al listado de juristas -realizado sin la publicidad ni la transparencia reglamentarias- mina la confianza pública y empaña la reputación del Consejo de la Magistratura, órgano encargado de designar magistrados.

Por todo ello, el Colegio exige la revocación de dicha designación y la convocatoria a un jurista que cumpla íntegramente los requisitos de solvencia moral, trayectoria académica y experiencia funcional establecidos por el Reglamento de Concursos, en defensa del principio de legalidad y de la independencia judicial.

Pronunciamiento del Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn.

El Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn manifiesta su profunda preocupación por la grave situación que atraviesa actualmente el Poder Judicial de la Provincia del Chubut, motivada por decisiones adoptadas por el Superior Tribunal de Justicia que han comprometido principios fundamentales como la transparencia, la legalidad, la igualdad ante la ley y el acceso continuo a la justicia.

Se ha conocido la existencia de varias acordadas firmadas por los ministros del STJ que se asignan aumentos salariales significativos, con adicionales por “gastos de investidura”, incluyendo al Procurador General y al Defensor General de la provincia. Estos incrementos, que en algunos casos alcanzarían hasta un 60 % sobre las remuneraciones, han sido implementados sin la debida publicidad y sin respetar el sistema de porcentualidad establecido por la Ley I N.º 301, que garantiza la equidad salarial en toda la estructura judicial. Además, se ha denunciado la utilización de partidas presupuestarias bajo el concepto de “gastos reservados” o “gastos sin discriminar”, sin rendición de cuentas ni control externo, lo cual contraviene los principios de transparencia y responsabilidad en la administración de los recursos públicos.

Estas prácticas, junto con la reiterada designación de funcionarios en cargos jerárquicos sin sustanciación de antecedentes ni oposición, profundizan el descrédito de la ciudadanía en el Poder Judicial, afectando injustamente a trabajadores, funcionarios y magistrados que sí cumplen con sus funciones y sostienen, con esfuerzo diario, el buen funcionamiento del sistema judicial.

Frente a este conflicto, el Colegio expresa su respeto y solidaridad por el derecho de los trabajadores a reclamar condiciones salariales dignas, que se respete la ley de porcentualidad, y advierte con firmeza que es el Superior Tribunal de Justicia quien debe brindar explicaciones públicas y detalladas sobre las acordadas mencionadas; garantizar la equidad salarial en toda la estructura del Poder Judicial; actuar con austeridad republicana; y proceder conforme a la Constitución Provincial y las leyes en la designación de todos los cargos del Poder Judicial.

En su momento, este Colegio manifestó ante el Poder Ejecutivo su disconformidad -por distintos fundamentos- respecto de las propuestas de designación de determinados candidatos como ministros del Superior Tribunal de Justicia. Por ello, no resulta sorprendente que hoy se observe, como nunca antes, una gestión marcada por el uso discrecional de los recursos, la resistencia a los mecanismos de control y la concentración de beneficios en unos pocos. Esta lógica de funcionamiento ha llegado incluso al extremo de negar a nuestra institución el acceso a información pública vinculada a recientes designaciones internas, desconociendo hasta el momento si las mismas fueron realizadas con la correspondiente sustanciación previa de antecedentes, en abierta contradicción con los principios que deben regir al Poder Judicial en un Estado de Derecho.

Puerto Madryn, 4 de junio de 2025

El Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn informa que, ante las recientes designaciones de funcionarios efectuadas en el ámbito del Superior Tribunal de Justicia sin mediar concurso público de antecedentes y oposición, ha remitido una nota formal al actual Presidente del Alto Cuerpo, Dr. Javier Raidan.

Dicho requerimiento fue formulado conforme lo previsto por la Ley de libre acceso a las fuentes de información, I Nro. 156 y la Resolución Administrativa Nro. 6711/04 del Superior Tribunal de Justicia, solicitando que se remita a este Colegio copia documental y/o respaldo administrativo correspondiente a las designaciones del Cdor. Mariano José Pardini como Administrador General, del Dr. Diego Carlos Maceratesi como Secretario de Legal y Técnica, y de la Dra. Laura Daniela Catalán como Secretaria de Sumarios.

Asimismo, se requirió información respecto de los fundamentos por los cuales el Superior Tribunal no habría aplicado lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Justicia del Chubut en relación con la cobertura del cargo de Administrador General, así como también lo dispuesto en el artículo 67 de la Constitución Provincial, el cual establece como principio general la provisión de los empleos públicos mediante concursos de oposición y antecedentes que garanticen la idoneidad para el cargo.

En igual sentido, se pidió que se informe sobre la aplicación del Acuerdo Plenario Nro. 4030/2012, que establece que la cobertura de los cargos de funcionarios del Poder Judicial, letrados o no, no sujetos a Acuerdo Legislativo, debe realizarse exclusivamente mediante concurso público.

Estas designaciones, entre las que se encuentra la del cargo de Administrador General —una función clave para el manejo de los recursos humanos y materiales del Poder Judicial—, han generado una legítima preocupación institucional, motivando la intervención de este Colegio en defensa de los principios de transparencia, legalidad e idoneidad que deben regir el acceso a la función pública y como contribución al mejoramiento de la administración de justicia, haciendo conocer y señalando las deficiencias e irregularidades que se observaren en su funcionamiento.

El pasado viernes se realizó, con una concurrida asistencia, la Jornada “Estrategias para una Tramitación Judicial Eficiente: Herramientas y Recursos para Abogados” organizada por la Comisión de Noveles Abogados del Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn.

La misma contó con la presencia de miembros de distintas áreas del Poder Judicial, el Ing. Francisco Peucelle; las Dras. Mariana Ripa, Carolina Sequenzia, Jorgelina Ezcurra, Sonia Villabone, Estefanía Tuffoni y Malvina Jara; los Dres. Maximiliano Darriba, Maximiliano Marzo y Mariano Schenone; las bibliotecarias Jorgelina Puchatt y Nadia Coppa; el Lic. Gastón Cabrera, la Mg. Gabriela Benedicto y el señor Carlos Diaz.