30° ANIVERSARIO DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA Y MUY POCO PARA FESTEJAR
Al conmemorarse tres décadas de la creación del Consejo de la Magistratura de la Provincia del Chubut, el Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn renueva las críticas que ya había formulado en el 25° aniversario sobre el rumbo de la institución. Aquel pronunciamiento advertía que los Colegios de Abogados -históricamente protagonistas en la elección de Magistrados- habían quedado totalmente desconectados del Consejo. Quienes ocuparon los asientos reservados a la matrícula de Puerto Madryn lo hicieron sin atender las posiciones que el Colegio recoge, como actor institucional independiente, acerca de las falencias que afectan al Poder Judicial.
En 2020 el Colegio señaló: “Los Consejos de la Magistratura, tanto nacional como provinciales, se han convertido en órganos políticos sometidos a las presiones y apetencias del Poder Ejecutivo. Nada queda de su supuesto carácter técnico y profesional, impermeable a la influencia partidaria”.
El tiempo no hizo más que confirmar aquel diagnóstico: salvo contadas excepciones, el tratamiento de las designaciones ha mostrado un sesgo marcadamente político, con resultados funestos para los justiciables, llegando hoy a la etapa más cuestionada en la historia del Poder Judicial chubutense.
A esa crisis de legitimidad se añadieron varios hechos de gravedad institucional.
La ley V Nro.70 -reformada por la ley V Nro.155- impuso la paridad de género mediante la alternancia en cada estamento. Sin embargo, en 2023 la representación popular de la Circunscripción Puerto Madryn, que correspondía a un varón, recayó en una mujer: la consejera Mabel del Mármol. El Colegio denunció la violación de la ley y el entonces presidente del Consejo, Dr. Tomás Malerba, se negó a tomarle juramento. Pese a ello, la actual integración dejó sin efecto la Acordada 2359/23 y juramentó a la consejera, perpetuando la irregularidad.
El procedimiento para elegir al representante de la abogacía por Puerto Madryn estuvo plagado de fallas. El Superior Tribunal de Justicia nunca notificó formalmente a nuestro Colegio el lugar, horario ni la invitación a fiscalizar los comicios, lo que impidió difundir la elección y garantizó una participación ínfima del padrón. La gran mayoría de los matriculados quedó privada de ejercer un derecho republicano básico.
La integración actual exhibe otra anomalía: la consejera popular por Trelew, Paula Cardozo, posee título de abogada, pese a que el artículo 187 de la Constitución Provincial lo prohíbe para los representantes populares.
Estas irregularidades se vuelven especialmente graves cuando el Consejo debe cubrir cargos sensibles, como el de Fiscal especializado en delitos contra la administración pública. En esa selección resultó elegido el abogado Lucas Agustín Papini, pese a no acreditar los siete años de ejercicio profesional exigidos por la Constitución Provincial.
La falta de rigor también se evidenció en la designación del Dr. Daniel Horacio Obligado como jurista invitado en el concurso para Juez de Cámara Penal de Puerto Madryn. Nuestro Colegio solicitó su exclusión por insuficiente idoneidad y solvencia moral conforme al Reglamento de Concursos. Aunque el Consejo rechazó la presentación -sin permitirnos exponer los fundamentos en la sesión especial- los consejeros Manuel Burgueño Ibarburen y Estefanía Alejo apoyaron la moción, y finalmente el Dr. Obligado desistió de participar.
El Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn exige, una vez más, que las normas vigentes se apliquen estrictamente y que el Consejo recupere la transparencia y el profesionalismo que justifiquen su existencia. A treinta años de su creación, el balance es adverso y no hay motivos para celebrar mientras persista esta erosión de la confianza ciudadana en el sistema de justicia.
