“Yo soy el abogado.
El que todas las mañanas va recorriendo Juzgados
y que anda a los apurones por ese escrito con cargo.
El que soporta la espera, el que se banca los paros,
y debe poner la cara justificando el atraso.

El que abre el escritorio y sale a ganarse el mango,
porque se vienen las cuentas y todo sigue a despacho.
El que no tiene licencias, ni salarios, ni aguinaldo,
y debe pelearla duro, porque se cobra salteado.
Yo soy el abogado.

Muchas veces de pleitero, injustamente acusado.
Al que todos lo consultan cuando se ven apurados
en la calle, en el cine, y en la cola del mercado,
y al que nadie le pregunta: ¿doctor, se le debe algo?
Yo soy el abogado.

El que tantas veces pone su paciencia de artesano
para llegar al final con deudor insolventado.

El de cédulas y oficios, a pulmón diligenciados.
El que debe tolerar el sistema colapsado,
las nuevas disposiciones de Rentas y de Catastro,
los timbrados del Registro y el humor del funcionario.

El que hace de estratega, de confesor, y de malo,
de mediador y de amigo, de psicólogo y de hermano.

El que sale a cara o cruz, con niebla o lluvia viajando,
porque justo le fijaron una audiencia bien temprano.

El que se muerde los labios porque el testigo ha faltado.

El que sufre taquicardia mientras va leyendo el fallo.

Del mostrador, para acá. Del pasillo, quede claro.

El que recorre Juzgados, durante meses y años.

A mucha honra señor, yo soy, el abogado.”

Poema tomado del libro “Poemas a Despacho” de Horacio Alberto Vero.

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo, mediante la Resolución Nº 760/2017 creó el Registro para el Estudio de la Litigiosidad del Sistema de Riesgos del Trabajo (SIREL) que obliga a las ART a informar sobre los datos de los letrados que plantean la inconstitucionalidad de los preceptos de la Ley N° 27.348 o en su defecto al Decreto N° 54 de fecha 20 de enero de 2017. Arguyen fines “fiscalizadores” respecto a quienes pretenden evadir la instancia administrativa previa que la norma plantea.

Desde el Colegio de Abogados de Puerto Madryn cuestionamos duramente la iniciativa, pues resulta un claro ataque a la libertad de ejercicio de la profesión y procura una estigmatización de los colegas que ejercen la defensa de aquellos trabajadores que acuden ante la Justicia con el único fin de restituir sus derechos y de los mismos magistrados cuando dictan sentencias.

La decisión administrativa dispuesta por el gobierno nacional, recientemente suspendida en su aplicación por el Juzgado Nacional de 1º instancia del Trabajo Nro. 4, se encuentra en línea con las expresiones del Presidente sobre la existencia de una supuesta “mafia” conformada por un “grupo de estudios laboralistas” y “de jueces” dedicados a instar a los trabajadores que hagan juicios contra las empresas, y las reiteradas declamaciones sobre la existencia de una “industria del juicio”; debemos aclarar que encubren años de un sistemático incumplimiento de las leyes en materia de Riesgos del Trabajo que, como consecuencia, termina en un juicio sin atacar la causa de un sistema legislativo que no previene la siniestralidad, ni protege la integridad física de los trabajadores, soslayando derechos de raigambre constitucional.

Directorio del Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn.